1) Que José Emilio Suárez Trashorras está preso, acusado de suministrar los explosivos necesarios a los autores del 11M, en connivencia con su cuñado, José Antonio Toro Castro y su novia, Carmen Toro Castro, con la colaboración del marroquí Rafá Zouhier, también en prisión.
2) Que a todos ellos se les atribuye haber participado en la negociación y venta ilegal de los explosivos a la célula terrorista supuestamente causante del 11-M, a cambio de dinero y drogas. Se da la circunstancia de que todos estos sujetos eran “confidentes” de la fuerzas de seguridad del Estado, sea de la Policía Nacional, como es el caso de Suárez Trashorras, José Antonio Toro Castro y Carmen Toro Castro, o de la Guardia Civil, como Rafá Zouhier.
Las omisiones deliberadas y declaraciones contradictorias de “Manolón”
A partir de aquí, lo nuevo del caso es que, según lo declarado ante la Comisión de Investigación Parlamentaria por el inspector jefe de Estupefacientes de la comisaría de Avilés, Manuel García Rodríguez, estando él con unos amigos el 17 de marzo de 2004 en una peña de Avilés, hablando sobre el atentado todos coincidían en que había sido cosa de ETA, hasta que llegó Suárez Trashorras para decir que habían sido los islamistas, “los moros”, como les llama él.[1] Según Manuel García Rodríguez, ese mismo día 17 llegó una comisión policial de Madrid para interpelar a Suárez Trashorras, quien acabó siendo llevado a Madrid en carácter de detenido. Es en ese momento, tras conversar con esa comisión policial de la Unidad Central de Información Exterior (UCIE), el 17 de marzo, cuando Manuel García Rodríguez recién parece aceptar que Suárez Trashorras había participado en la entrega de los explosivos de Aviles a los terroristas. Pero el 27 de junio, durante la interpelación que le hizo el representante del Partido Popular ante la Comisión de investigación del Congreso, lo volvió a negar, como se desprende de la siguiente secuencia de preguntas y respuestas registrada en el diario de sesiones de la Cámara de Diputados:
El señor DEL BURGO TAJADURA: “¿Cree usted que Suárez Trashorras conocía el destino que los moritos iban a dar a la dinamita?”
El INSPECTOR JEFE DE ESTUPEFACIENTES DE AVILÉS (García Rodríguez) elude contestar la pregunta respondiendo: “Yo no sé si les ha dado dinamita, para empezar”.
Y avanzando un poco más en la lectura de la secuencia de preguntas y respuestas durante la misma sesión —esta vez entre el representante de “Convergencia i Unió” (CIU) y el inspector Manuel García Rodríguez— éste vuelve a ratificar que, hasta el día 17 de marzo, tras la conversación que sostuvo con los policías llegados de Madrid, no sospechaba que los autores de los atentados del 11M fueran los “moritos” con quienes trataba Suárez Trashorras, en contra de lo ya declarado por éste al juez, en el sentido de que se lo había venido advirtiendo desde antes de los atentados. Entonces el diputado JANÈ I GUASCH lo vuelve a traer a la misma cuestión:
El diputado JANÉ I GUASH: “¿Usted comunicó a alguien esa afirmación subjetiva que le hizo el señor Trashorras?”
El INSPECTOR JEFE DE ESTUPEFACIENTES DE AVILÉS (García Rodríguez): “A nadie”.
El diputado JANÈ I GUASCH: “A nadie.”
El INSPECTOR JEFE DE ESTUPEFACIENTES DE AVILÉS (García Rodríguez): “A nadie, hasta...”
El diputado JANÈ I GUASCH: “A ningún superior suyo, en el sentido de decir: Me están advirtiendo que no es ETA.”
El INSPECTOR JEFE DE ESTUPEFACIENTES DE AVILÉS (García Rodríguez): “Hasta el día 17 no contacto con la gente de Madrid y entonces les digo todo lo que me fue contando (Emilio), todo lo que recordaba desde el sábado (en realidad el Viernes 13) que hablé con él, el lunes (en realidad, el martes 17) y el día que se le detuvo (miércoles 18)” (Lo entre paréntesis nuestro).
El diputado JANÉ I GUASCH: “Y a usted en aquel momento en que, quien sí que había tenido contacto con todas esas personas tenía la creencia de que esas personas eran los autores y no lo era ETA, ¿a usted en ningún momento se le pasa por la cabeza que ésa es la pista buena? Era la opinión subjetiva del señor Trashorras, pero se la manifiesta a usted, le advierte, y ¿usted en aquel momento no...”
El INSPECTOR JEFE DE ESTUPEFACIENTES DE AVILÉS (García Rodríguez): “Advertirme no me advierte, él da su opinión como la estaba dando la gente que estaba allí, y yo estaba más pendiente de mis amigos, de los contertulios que tengo allí (en la Peña), que de lo que él me dice.” (Lo entre paréntesis nuestro
El diputado JANÉ I GUASCH: “Es una opinión de alguien que estaba en contacto con esa gente (los presuntos terroristas). (Lo entre paréntesis nuestro)
El INSPECTOR JEFE DE ESTUPEFACIENTES DE AVILÉS (García Rodríguez): “Yo no sabía que esa gente estuviese en el tema de la dinamita, ni tampoco sabía que Emilio pudiera estar facilitándole dinamita.”
a) Primera comparecencia de Suárez Trashorras y “Manolón” que sigue mintiendo
Al otro día de ese encuentro con los amigos de Manuel García Rodríguez en su “Peña”, José Emilio Suárez Trashorras acudió “voluntariamente” a la Comisaría de Avilés, esto es, aconsejado por su “amigo del alma”, para que conversara con una comisión de policías que habían venido expresamente de Madrid a escuchar todo lo que José Emilio sabía. Esos policías “comisionados” eran de la Unidad Central de Información Exterior (UCIE) dependiente de la Comisaría General de Información. En esa “conversación” se “acordó” lo que Suárez trashorras debería declarar ante el juez. Y antes de salir desde Avilés hacia Madrid, todos ellos prometieron a José Emilio que, tras su declaración según lo “acordado”, le dejarían volver a su casa. Tanto lo que declaró Suárez Trashorras, como lo declarado por su “controlador” figura recogido en el auto emitido por el Juez el 15 de febrero de 2005 (Pp. 38 y 39). Pero es interesante aquí destacar lo que declaró su “controlador”, el tal “Manolón”:
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En el contexto de las dos declaraciones: la de José Emilio y la de su controlador, queda claro el por qué de la insistencia de los policías en que el confidente se limitara a declarar expresamente de que antes del 11 de marzo no le había informado nada a su “controlador” relativo a los explosivos ni a las intenciones de los presuntos terroristas. Esto significó una autoinculpación, es decir, que Suárez Trashorras aparecía como cómplice necesario de los terroristas en tanto que no declaró haber dado una información decisiva a su “controlador”. Aunque leyendo ese auto del juez, queda claro que a José Emilio se le detiene en calidad de imputado no por lo que calló el 22 de marzo ante el juez siguiendo las instrucciones de su “controlador”, sino porque la policía ya sabía al detalle su relación —en modo alguno conspirativa pero cierta— con los presuntos terroristas, su presencia en las cercanías de la mina “Conchita” el 28 de febrero, etc., y con eso bastaba para condenarle.
Pero lo que nadie advirtió en ese momento —porque era contrario al interés de quienes oficialmente “investigaron” el asunto— es que esa declaración de Suárez Trashorras recogida en el citado auto del juez Juan Del Olmo, donde aparece habiendo omitido decir que le había advertido a su controlador sobre lo que Jamal Ahmidán y sus compinches se traían entre manos, había ido contra la lógica más elemental que preside el comportamiento de todo pequeño delincuente habitual convertido en confidente policial; porque el escrupuloso respeto hacia su complicidad con la policía, se basa en que, por su propia seguridad e interés económico, no deben ocultar jamás la información sensible de que dispongan, porque de ello depende que la policía pueda combatir con toda eficacia el gran delito en el que ellos hasta cierto punto deben necesariamente implicarse a cambio de favores en forma de droga e impunidad en el trapicheo de sus pequeños negocios. Y para ello cualquier confidente policial sabe muy bien que no puede hacer nada que no cuente con el visto bueno de su controlador. Y esto es lo que había venido haciendo Suárez Trashorras sin variar un ápice su “modus operandi”. De otro modo, la palabra “controlador” en tal contexto social y político carecería por completo de sentido. Lo que él no se imaginó en ningún momento es que, esta vez, su “controlador” estuviera obedeciendo a una lógica política que nada tenía que ver con la lógica policial habitual
Entonces, ¿por qué Suárez Trashorras apareció ante el juez de la causa y, a través suyo, ante la opinión pública, violando esta ley de oro que hace a la existencia de todo confidente policial? La única respuesta a esta pregunta está en el oro de esa misma ley, en la ciega confianza que todo confidente debe tener y normalmente deposita en su “controlador”. Tanto más ante la terrible perspectiva de aparecer implicado en un atentado terrorista de proporciones monstruosas. Y de hecho fue ésta y con mayor razón y motivo que en cualquier otra ocasión, la ley de oro por la que José Emilio debió actuar de la misma forma que siempre, es decir, advirtiendo reiteradamente y con tiempo suficiente a su “controlador” sobre las intenciones de “los moritos”. Y así lo hizo, sin duda. Porque, a juzgar por sus reacciones una vez que se sintió “traicionado”, por su propia confianza en la policía, José Emilio demostró que es un psicópata —un “pirado” como así lo llegó a calificar el General Pedro Laguna— pero no un tonto, como se verá seguidamente.
El secreto de todo este asunto, visto desde los intereses de la burocracia política y policial una vez sucedidos los hechos, radica en que por nada del Mundo debía saberse que Manuel García Rodríguez, es decir, la policía de Avilés, o sea, esa parte del Estado español, había sido advertido con antelación suficiente del pequeño trapicheo del cambio de drogas por explosivos en el que andaban “los moritos”, aunque él no supiera en ese momento para que eran los explosivos. Esa verdad, como es obvio, no debía figurar, ni en el sumario judicial ni en las actas de la Comisión parlamentaria de Investigación. Como así ha sido, por la cuenta que les trae, en primer lugar, a los altos mandos a cargo del aparato policial en Asturias. Por eso Trashorras debía ir a la cárcel como principal imputado. Y es que confidentes como Suárez Trashorras no solo sirven a los fines de combatir los delitos en general, sino para pagar el pato —cuando haga falta— de algunos otros crímenes de magnitud social y trascendencia política en los que ellos no han tenido nada o casi nada que ver. El hilo se rompe siempre por lo más delgado.
Además, la figura del “confidente” en modo alguno puede ser institucional, sino que es exclusivamente personal de cada funcionario policial, forma parte de su secreto burocrático cuyos superiores inmediatos no tienen por qué saber quienes son ni cómo se llaman, de modo que oficialmente son considerados como algo que no existe, y sólo puede salir de este limbo jurídico cuando de su existencia como “confidente” puede dar cuenta su “controlador”, sea voluntariamente o a petición de un superior suyo. Así lo ha dado a entender el Jefe Superior de Policía de Asturias, Enrique Carretero, en su comparecencia ante la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados el día 15 de octubre de 2004:
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Lo demás fue todo cuestión de trámite. Desde la comisaría de Avilés José Emilio Suárez fue conducido a la Audiencia Nacional donde el 22 de marzo de 2004 procedió como siempre, según le indicaron “sus superiores” puso oficialmente de manifiesto ante el Juez Del Olmo, sus sospechas de que “los moritos” —sus proveedores de la droga con la que traficaba vendiéndola en los lugares de alterne— podían estar implicados en los atentados del 11 de marzo. Pero no dijo ni pío acerca de que sobre esto ni de lejos hubiera advertido a su “controlador”. Aquella noche, ignorando que se había sentenciado a sí mismo, José Emilio fue trasladado a Madrid en la creencia de que, con sus declaraciones, no sólo iba a alejar de él la lupa de la “justicia”, sino que hasta podía ser recompensado, porque así se lo dieron a entender sus “controladores”.
En su primera declaración oficial ante el juez, —el 22 de marzo de 2004—, José Emilio trató de implicar a Jamal Ahmidán y a sus dos secuaces (Abdenabi Kounjaa y Mohamed Oulad) en el traslado de los explosivos a Madrid. No admitió haber sido él quien proporcionó los explosivos a los terroristas, aunque sí haberles indicado el camino hacia la mina, reconociendo, además, que, en un momento de la madrugada, vio que en un coche transportaban cierta cantidad de explosivos que no precisó. Fue cuando se estropeó el VW “golf” conducido por Ahmidan y le pidieron a él que trajera el Toyota “Corolla” que Ahmidan le había dejado para que lo vendiera. Trasladado de ahí a una celda, se le consideró por primera vez oficialmente detenido y, poco tiempo después, confinado en el Centro Penitenciario de Alcalá-Meco.
b) Ruptura del vínculo entre confidente y controlador.Pasados varios meses y viendo que su situación seguía siendo la misma, José Emilio cambió bruscamente de actitud. Cuando sus familiares le visitan arremete contra los policías de la Comisaría de Aviles, especialmente contra su “controlador”, Manuel García Rodríguez (“Manolón”), diciéndoles que quiere volver a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional; que se considera traicionado; que su decisión de declarar (la primera), tanto como el contenido de sus declaración, fue inducida por ellos quienes le indicaron qué debía y no debía decir ante el juez; que la noche del 18 de marzo fue a Madrid engañado por esos agentes, quienes le convencieron que su aportación podía ser importante y que, incluso, iban a recompensarle por ello; que así fue como le hicieron firmar una notificación de detención, “aunque no estás detenido" —le dijeron— porque, según ellos, como iba a ser trasladado en un coche oficial, ésa era la única forma de que cobrara el seguro en el caso de accidente durante el trayecto, y de poder proteger su vida; que no le hicieron un interrogatorio en regla y en ningún momento lo esposaron; que, incluso, salió a cenar con ellos a un restaurante y hablaron en un ambiente de complicidad, como entre viejos camaradas; que por eso llegó a un pacto con ellos y ellos fueron quienes le orientaron sobre lo que tenía que declarar y callar ante el juez; que se trataba de implicar a “los moritos” en el trasiego del explosivo para que él quedara excluido de cualquier responsabilidad, ya que no había participado en los hechos. Estas conversaciones quedaron grabadas y pasaron a formar parte del sumario, del cual “El Mundo” consiguió copia no se sabe a través de quién, muestra evidente de la ruptura que se había operado en el aparato estatal en torno a este asunto. En un momento de ira, José Emilio se dirige a Cármen Toro prometiéndole que se pondrá cara a cara con García Rodríguez ante el juez Juan Del Olmo en la Audiencia Nacional.
La cadena de secreta complicidad confidencial entre policías y delincuentes comunes se había tensado hasta romperse también por su eslabón más débil, y fue el hecho de que la policía, el Poder Ejecutivo, no estaba siendo funcional son su contraparte en ese paradójico negocio de la complicidad confidencial de la policía con delincuentes para combatir el delito, porque había dejado de actuar desde dentro hacia fuera de esa relación confidencial para volverse contra una de sus partes: el confidente. Y entonces lo secreto tiende a hacerse público. Es cuando José Emilio amenaza diciéndole veladamente a su hermana que él había venido avisando desde hacía tiempo de lo que intentaban hacer los moros con el cambio de drogas por explosivos:
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Carmen Toro le contestó que “Manolón” ya le había comentado a ella que sabía lo de ese trapicheo y que a cambio le había dejado hacer los suyos a él, que es tanto como decirle que estaban en paz y que cierre el pico y siga esperando. En ese momento, José Emilio rompe definitivamente sus vínculos con la policía y, ya sin tapujos, se desboca buscando recostar su cabeza en el regazo del Juez:
<<“¡Ah ya!, pues que lo venga a explicar aquí (A la Audiencia Nacional), porque yo llevo colaborando con ellos tres años, ¿no? Yo traficaba y la Policía me dejaba hacer mientras yo colaboraba. Le dije: 'Manolo, aquí está pasando esto con los moros', y me contestó 'tranquilo, cuando vengas de la boda [regresó el 26 de febrero del viaje de novios] los detengo'”. “En comisaría me dijo: [se refiere a los días 17 o 18 de junio, cuando lo detuvieron] 'tú ve a hablar con los de Madrid (el juzgado Nº 6 de la Audiencia Nacional) y te vas para casa'” (como que tras su declaración sería puesto en libertad por el Juez.) Y sigue Emilio diciendo:
“La Policía se lo permitió (a la banda de Jamal Ahmidan), pues que se coma su pollo. [...] Alguien tuvo que darles a los moros las ocho llaves de los minipolvorines. Lo que pasa es que se quieren tapar, pero han muerto 200 personas. Yo tengo facturas de teléfono de que me llamo todos los días con el policía. Voy a ir preso un año o dos, [es evidente que se considera inocente y que no ha captado la gravedad de su situación] pero ellos [los policías] van a ir unos cuantos años más que yo”>> (Ibíd: Lo entre paréntesis nuestro)
Como se ve, José Emilio Suárez Trashorras no solo demuestra ser un esquizofrénico psíquico porque así se lo han diagnosticado los médicos que lo atienden y porque se medica contra esa enfermedad, sino que también padece de esquizofrenia política, porque disocia a la policía de los jueces, al Poder Ejecutivo del Poder judicial. En ese momento todavía no comprende que, en esencia y de hecho, a la hora de actuar contra ciudadanos normales y corrientes ambas instituciones son la misma cosa. La ley se aplica según el censo de riqueza y/o del eventual peso político relativo de cada individuo en esas dos instituciones de Estado, o según la fortaleza de sus vínculos con los poderes fácticos o factores de poder que, en última instancia, inciden sobre ellas, y que suele medirse en términos de poder dinerario. Y el caso es que, antes de ser detenido, José Emilio no podía razonar en estos términos. Pero, contradictoriamente, pensaba que, en tanto se trate de aplicar la ley al gran delito, y el colaboraba para tal cometido siguiendo rigurosamente las instrucciones de la policía, tendría eventualmente también la aquiescencia de los jueces. Pero en este caso muy concreto se equivocó, porque la lógica de sentido común entre el delito y la justicia, no fue esa sino precisamente la contraria, lo cual le convirtió en un chivo expiatorio del “Estado de Derecho”.
Sin embargo, todavía no es consciente de ello y sigue refugiándose en el juez. Pero en diálogo con su mujer desde la cárcel aumenta la carga política explosiva de su denuncia contra la policía, ventilando los pequeños juicios que ganaba cada año. Y explica por qué:
<<“Es porque el queridísimo Guerra [se refiere a un policía responsable en aquel momento de un grupo de la Policía Judicial en Avilés] hace lo que le sale de la polla [...]. Si viene un barco de coca, no es que sea mío, ¿entiendes?, porque no soy el único traficante...".
"Yo me callé ante el juez (durante su primera declaración del 22/03/04). La culpa fue mía por ir tapando equis cosas para tapar a Manolo. [...] al juez le voy a explicar todo con pelos y señales. Lo que pasa es que hasta ahora me mantuve callado porque conté con que me iba a sacar de aquí Manolo.”>> (Ibíd. Lo entre paréntesis nuestro)
Y es allí donde ambos advierten y coinciden en que le han elegido a él para el papel de chivo expiatorio de los atentados; aunque ninguno de los dos todavía sabe —o no se atreven a decir— de dónde vino la orden que así lo ha dispuesto:
c) Segunda comparecencia de José Emilio ante el juez
Es así como llegamos a la segunda declaración, del 4 de junio de 2004, en la que, al verse abandonado por todos sus antiguos apoyos, lo primero que decide es cambiar de abogado contratando a uno de prestigio en Asturias, que es Gerardo Turiel de Castro. Y lo primero que dice ante el juez, es que su decisión de volver a declarar, responde a que en su primera del 22 de marzo, omitió deliberadamente decir algunas cosas “porque así se lo pidió la Policía". O sea, que los policías que le interrogaron por primera vez en la comisaría de Avilés, tratándole como a un colega e invitándole a comer en un restaurante de la zona, los que le aconsejaron que se notifique de su orden de detención, los mismos que le dijeron qué debía y qué no debía declarar en Madrid ante el Juez, contra ellos arremete José Emilio en su segunda declaración. Y no sólo contra ellos, sino que se remonta a su relación con la policía años atrás, durante la operación “Pípol” (People).[2]
En su nueva versión de los hechos, Suárez Trashorras empezó aludiendo a la circunstancia que le llevó por primera vez a tomar contacto con el jefe de Estupefacientes de la comisaría de Avilés, Manuel García Rodríguez, y fue a raíz de las amenazas que había recibido de una banda de “narcos” a quienes había delatado en 2001, tras la operación “Pipol”, a partir de la cual empezó su andadura como “confidente” de la policía de Avilés y su relación de “amistad” con su “controlador”, Manuel García Rodríguez. Desde entonces, “Manolón” mantuvo con Suárez Trashorras un vínculo de superioridad jerárquica oficiosa y, a la vez, paternalista, pero naturalmente más firme y autoritaria que con cualquier subalterno dentro del cuerpo policial. Todo a cambio de permitirle medrar impunemente con el pequeño comercio de droga en la zona:
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Suárez Trashorras relata cómo el inspector “Manolón” le dijo que si colaboraba con ellos, con la policía, incluso podrían emplear a su mujer en las tiendas de “El Corte Inglés”:
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Después de dar a conocer estos detalles respecto al origen de su colaboración con las Fuerzas de Seguridad en 2001, José Emilio le relata al juez en qué circunstancias conoció a Jamal Ahmidan o “Mowgli”, mal llamado “El Chino”, como veremos más adelante. Fue por mediación de Rafá Zouhier —como vimos, un confidente de la “Unidad Central Operativa” (UCO) perteneciente a la Guardia Civil— en un McDonald's de Carabanchel (Madrid), a donde José Emilio debió trasladarse en 2003 por un asunto de venta de coches usados, un negocio que regentaba con su cuñado, Antonio Toro Castro, en un local de Piedras Blancas (Asturias).[3] A raíz de este encuentro es como Suárez Trashorras dice haber conocido al marroquí Jamal Ahmidan. Allí le propusieron "un trabajo de hachís y también le preguntaron por explosivos". José Emilio miente diciendo al Juez que al tema de los explosivos no le dio importancia, y cuenta que antes de las navidades de 2003 Jamal Ahmidan y Zouhier fueron a verle a Asturias con una muestra de hachís para venderle una buena cantidad de esa droga. El trato se formalizó durante una cita con ellos en una cafetería cercana a su casa. Al pasar por ahí los vio uno de los policías de Aviles, que inmediatamente informó de la circunstancia al Inspector Jefe de Estupefacientes:
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Cabe recordar aquí lo que José Emilio conversó con su mujer cuando fue a visitarlo al módulo de la Cárcel de Alcalá-Meco, en el sentido de lo que con cierta preocupación y alarma le había dicho a “Manolón” acerca de lo que en ese encuentro había escuchado decir a los “moritos” respecto del destino que pensaban dar a los explosivos (reventar joyerías), ante lo que éste le prometió que “cuando vengas de la boda los detengo”. Tal parece, pues, que la advertencia de José Emilio y la promesa del policía-jefe, Manuel García Rodríguez —que nunca cumplió— tuvo por escenario a la susodicha cafetería avilesina “Valentín” antes del 14 de febrero de 2004.
Siguiendo con la comparecencia de Suárez Trashorras ante el Juez el 4 de junio de 2004, aquí José Emilio Suárez vuelve a mentir respecto de su implicancia con el asunto de los explosivos, diciendo que en la noche del 28 de febrero fueron los moros quienes le llamaron porque se les había estropeando el “Golf” que llevaban y le pidieron que trajera el Toyota “Corolla” —que le habían dejado en Navidad para ver si podía venderlo. Asegura que cuando abrió el maletero del “Golf” vio bolsas, pero que de ninguna forma pudo distinguir lo que llevaba en su interior.
Después de volver más en detalle a la forma en que el 18 de marzo de 2004 le engañaron en comisaría para convencerle de ir a declarar a Madrid —asegurándole una y otra vez que no estaba detenido— relató cómo había estado indicando a los policías la ubicación de la casa de Morata de Tajuña, donde presuntamente se prepararon las mochilas con el explosivo utilizado el 11M, aunque él nunca supo que se destinaran para lo que la versión oficial sostiene. También declaró que Jamal Ahmidan trató de comprarle un Ford “Escort,” con un documento de identidad que correspondía a un español radicado en Ceuta de nombre Reduan Mardok. Se lo mostró a “Manolón”, quien le explicó que era falso, porque la foto no correspondía a la que figuraba en los archivos de la policía.
También insistió ante el juez Del Olmo en dos cosas: la primera, que resultaba imposible robar tanto explosivo sin forzar los polvorines —a no ser que alguien proporcione las llaves—, y que al inspector Manuel García él siempre le tuvo al tanto de cada paso que daba. Lo primero es irrebatiblemente cierto y de decisiva importancia para el curso del sumario y por tanto, para la suerte de Suárez Trashorras como único imputado por haber proporcionado el explosivo a los terroristas; pero las investigaciones jamás se orientaron según el dato aportado por Suárez Trashorras, señal inequívoca de que su condena estuvo en los planes previamente elaborados vaya uno a saber por quiénes, a qué niveles jerárquicos y de qué poder fáctico de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Y muy probablemente este detalle no formará parte del libreto para la próxima película que, durante un tiempo, dará de comer a unos cuantos mangantes de la industria cinematográfica nacional, para reforzar la “historia oficial” del 11M en la conciencia colectiva, como parte del cometido asignado a los aparatos ideológicos del sistema. Tal como se está haciendo en EE.UU. con el 11S.
En cuanto a la segunda cosa que José Emilio comunicó al Juez, fue insistir en que todo lo hecho por él desde 2001, lo consultó previamente con el comisario inspector de estupefacientes, de lo cual cabe pensar que es cierto en gran medida, porque Trashorras vivía fundamentalmente de lo que al margen de la ley se le permitía —y para él era bastante— a cambio de información sobre tráfico de droga y otros delitos de terceras personas.
d) La confesión de “El gitanillo”
El 16 de junio de 2004 compareció ante el Ministerio Fiscal del Menor representado por Olga Emma Sánchez Gómez y el abogado José Baeza Martínez, el joven de 16 años, Gabriel Montoya Vidal, apodado “El gitanillo”, detenido por colaborar en los atentados del 11M, quien declaró:
1) Que durante la primera semana de 2004, viajó en autobús desde Avilés hasta la estación Sur, transportando entre 15 y 20 Kg. de explosivo en una bolsa de deporte cerrada con candado, que allí entregó a Jamal Ahmidan por encargo de José Emilio Suárez Trashorras.
2) Que lo mismo hicieron Sergio Álvarez, alias “Amocachi”, de 23 años y otro joven del cual después pudo saberse que se llama Iván Reis, a quién “El gitanillo” conoce por el apodo de “Jimmy”, y que también viajó en un autobús de la compañía “Alsa” con una maleta conteniendo dinamita. El primero a cambio de 2 tabletas de 200 gramos de hachís equivalente a poco más de 1.000 Euros, el segundo para saldar una deuda de 900 Euros que mantenía con Antonio Toro, más 300 limpios para él. José Emilio le encargó, además, que junto con la mercancía entregase a Jamal Ahmidan una considerable cantidad de dinero en efectivo.
3) Gabriel Montoya también declaró haber acompañado a Suárez Trashorras hasta la mina el 26 de febrero de 2004, quedándose en el coche mientras José Emilio “hablaba con dos mineros que llevaban un mono de trabajo azul”, a eso de las cuatro de la tarde, y que cuando regresó al coche le dijo: “Esto está hecho, esto está bien”, así como haber estado presente el mismo día 28, cuando Suárez Trashorras, Jamal Ahmidan y sus otros dos secuaces, Mohamed Oulad y Abdennabi Kounjaa, procedían al trasvase de los explosivos a los coches en que fueron trasladados a Madrid entre esa noche y la madrugada del 29 de febrero, declarando que en tal circunstancia oyó a Suárez Trashorras decir: “No os olvidéis de coger las puntas y tornillos que están 15 metros más adelante”. (Cfr. Auto del Juez Del Olmo: 10/04/06 Pp. 1172)
¿Cómo supo el menor Gabriel Montoya Vidal que las bolsas contenían dinamita robada de la mina Conchita, si iban cerradas con candado? Porque cuando regresó a Oviedo se lo dijo un tal Iván Granados Peña, alias “El Piraña”, a quién Suárez Trashorras también propuso hacer el mismo trabajo, pero tuvo miedo y rechazó la proposición sospechando que no era droga sino explosivo. Fue ese día cuando Iván Granados, “El piraña”, contó a Gabriel, “El Gitanillo”, que él había acompañado a Suárez Trashorras hasta la mina donde había trabajado, para recoger el explosivo, y que fue el propio José Emilio quien la robó mientras le había dejado vigilando. Por eso José Emilio apeló a “El Gitanillo” para que hiciera el trabajo. Pero Gabriel no declaró exactamente esto, sino:
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Tal es, en síntesis, lo más importante que el adolescente Gabriel Montoya Vidal, “El Gitanillo”, declaró el 16 de junio de 2004 ante la Fiscalía del Menor.
e) Tercera comparecencia de Suárez Trashorras
Al día siguiente, el 17 de junio de 2004, el Juez Juan Del Olmo —quien había sido debidamente informado sobre la declaración de “El Gitanillo”— hizo traer a José Emilio Suárez Trashorras desde la cárcel para que compareciera nuevamente ante él en la Audiencia Nacional. Allí José Emilio decidió acabar de exponer su versión de los hechos contradiciendo por completo la versión oficial dada al juez y a la Comisión Parlamentaria de Investigación por su “controlador”:
<<…Emilio da fechas, aporta datos, explica razonamientos pero, al menos aparentemente, nadie le cree. Sigue en prisión con la grave imputación de haber proporcionado los explosivos a los terroristas. Se enfrenta a una condena de centenares o miles de años y cada día que pasa lo tiene más difícil.>> [Fernando Múgica: “Los Agujeros Negros del 11M (XXIV). Publicado por “El Mundo” 24/10/05.]
Sobre todo estando muy fresca la versión de Gabriel Montoya Vidal, de la cual José Emilio, desde su confinamiento en la cárcel difícilmente pudiera saber nada. Preguntado por el juez sobre la imputación judicial que le atribuye haber proporcionado a los terroristas el explosivo utilizado en 11M, Suárez Trashorras vuelve a recordar al juez que conoció al marroquí Jamal Ahmidan a través de su compatriota Rafá Zouhier, un confidente de la Guardia Civil que en 2001 había compartido confinamiento con Antonio Toro Castro en la cárcel de Villabona a raíz de la operación “Pipol”.
Hasta ese momento, era Rafá Zouhrier el proveedor de droga de Suárez Trashorras. Pero resulta que la muestra de hachís ofrecida por Jamal Ahmidan a José Emilio en el bar de Avilés, era 300 euros más barata respecto de la que le había venido vendiendo Rafá Zouhier. Además, Jamal Ahmidan se ufanaba de dominar el pequeño trapicheo de narcóticos en un territorio que abarcaba desde Galicia a Euskadi. De este modo, en el otoño de 2003 Jamal Ahmidan desplazó a Rafá Zouhier como intermediario en la venta de droga a Suárez Trashorras.
A fines de ese año, y tras haberle proporcionado una muestra de la droga —circunstancia a la que ya hemos aludido— Jamal Ahmidan y sus secuaces trajeron a Asturias un cargamento de 85 Kg. de hachís. La entrega tuvo lugar en el piso de la Calle Marqués de Suances, propiedad de los padres de José Emilio, circunstancialmente vacío porque él se había ido a vivir con Carmen Toro a un piso nuevo que estaban pagando a razón de 400 euros mensuales, en una urbanización ubicada frente a la Comisaría de policía de Avilés.
Siempre según el relato que Suárez Trashorras hizo al juez el 17 de junio de 2004, los problemas empezaron para él al comprobar que la mercancía que “los moritos” le habían vendido, era de peor calidad que la muestra entregada cuando hicieron el trato en el bar de Avilés. José Emilio había pagado ya 72.000 euros equivalentes a unos 60 kilos de hachís, y resultó que los clientes a quienes había distribuido la droga empezaron a quejarse de su bajísima calidad. Entonces José Emilio llamó a Jamal Ahmidan y le dijo que no tenía más remedio que devolvérsela poco a poco. Para ello —en colaboración con su mujer, Carmen Toro Castro— organizó varios viajes a Madrid en autobuses de línea, reclutando a varios jóvenes de su barrio, a cada uno de los cuales ofreció 1.200 euros —en su mayor parte pagado con droga— por cada viaje portando la droga embalada en bolsas de viaje cerradas con candado, para que, de ocurrir cualquier eventualidad, no pudiera saberse inmediatamente lo que iba dentro.
<Emilio le encarga, además, que entregue a Mowgli (Jamal Ahmidan), que va a recoger la mercancía en Madrid, una cantidad importante en euros. Jimmy cumple sólo una parte del encargo. Entrega la bolsa pero le dice a Mowgli que le han robado el dinero en la estación de autobuses. El asunto se salda con que Mowgli le quita la cartera y el móvil y lo envía de regreso a Asturias.
A Sergio Álvarez, conocido como Amocachi, Emilio le dio dos placas de hachís, de 200 gramos cada una, por hacer otro de esos viajes, a la vez que le saldaba una pequeña deuda de 150 euros que tenía pendiente con un amigo común.
Emilio le propone un tercer viaje a Iván Granados, otro muchacho del barrio. Pero éste se asusta y dice que no. Entonces Emilio piensa en Gabriel, El Gitanillo. A cambio, ofrece al menor de edad hachís, dinero en efectivo y pagarle un abogado para que le defienda en un juicio por robo. Además, le invita a correrse con él un par de juergas.>> (Op. cit.)
Esos son, según José Emilio Suárez Trashorras, los famosos tres viajes en los que “El Gitanillo” aseguró al juez de menores que había transportado a Madrid explosivos en bolsas, a pesar de que nunca pudo ver su contenido. José Emilio especifica el tipo de bolsas utilizadas: "Una era una maleta, las otras dos, dos bolsas, una normal, la otra de deportes de color blanco". Todas formaban parte de las que habían utilizado los propios “moritos” para subir el hachís —que le entregaron a José Emilio— hasta Asturias.
A preguntas del juez, José Emilio dice que ha contado la verdad y que si ha callado antes cosas es porque tenía miedo, ya que la Policía y la Guardia Civil estaban de por medio. Asegura que "no puede meter a un padre de familia, como es Manolón [el inspector Manuel García], con cuatro bocas a las que tiene que dar de comer, en ningún lío", que prefería ir él a la cárcel. "Sólo dije lo que la Policía me permitió que dijera".
Insistió en que él no ha proporcionado nunca material explosivo a “los moritos” y que si el menor dice eso, miente. Es más, José Emilio ni siquiera aceptó ante el juez ser cierto que enviara el 4 de marzo al menor a Madrid para recoger el Toyota que se había llevado Jamal Ahmidan el 29 de febrero en su viaje de regreso a Madrid. Según José Emilio Suárez, el menor quería ir a Toledo a ver a su tío Dani, quien vivía “en plan tirado con su tía en una caravana y tenía una hija a la que se le había quemado la cara” —datos que han quedado acreditados. “El Gitanillo” no tenía dinero para el viaje y José Emilio le pagó un billete de autobús. Quería un vehículo para moverse hasta Toledo y Suárez Trashorras le dijo que llamaría a Jamal Ahmidan para que le volviera a prestar el Toyota “Corolla”, como así fue, porque conduciendo ese coche en dirección a la casa de su familiar tuvo un accidente y fue detenido.
f) José Emilio despierta y el juez le aísla
Todo esto que Suárez Trashorras declaró el 17 de junio de 2004 en el juzgado Nº 6 de la Audiencia Nacional, no le sirvió de nada. El juez Juan Del Olmo se hizo el sordo. ¿Por qué? Después de casi un año de prisión fue el mismo Suárez Trashorras, quien contestó a esta pregunta en una carta dirigida a Carmen Toro Castro, fechada el 16 de mayo de 2005, donde tras informarle que el Juez había aprobado otro careo entre él y quien fuera su “controlador”, el inspector de Estupefacientes de la comisaría de Avilés, Manuel García Rodríguez, le dice a su mujer, sin tapujos, que “Manolón” es un corrupto y el juez un muñeco en manos del gobierno:
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Suárez Trashorras se estaba curando de su esquizofrenia política y parecía haber comprendido que, efectivamente, en el caso del 11M el sentido de la lógica entre delito y justicia se había trastrocado. No sabemos si este segundo careo llegó a realizarse, pero sí que, a partir de entonces, el juez se cuidó muy mucho de aislar a José Emilio para evitar que lo declarado por él pudiera trascender más allá de las cuatro paredes de su celda. Así fue cómo desde julio de 2004 dispuso que nadie pudiera entrevistarle, orden que alcanzó hasta la mismísima Guardia Civil, lo cual puso de manifiesto las contradicciones interburocráticas al interior de este instituto armado, entre su Dirección General y la Unidad Central Operativa (U.C.O.) en Asturias, dirigida por el Coronel Félix Hernando, esta última lógicamente interesada, también, en aislar a Suárez Trashorras del exterior, por la cuenta que le trae[4] :
<Así se lo exponen al juez en un escrito de la Dirección General de la Guardia Civil que tiene fecha del 12 de julio de 2004. Entre las líneas de investigación abiertas “se incluyó la obtención de información de algunos de los ya detenidos y que aparecían presuntamente implicados en la adquisición y puesta a disposición de los explosivos al comando terrorista. En este sentido, se decidió entrevistar en la prisión a Rafá Zouhier, Rachid Aglif y José Emilio Suárez Trashorras, materializándose las entrevistas relativas a los dos primeros, sobre los que no se tenía conocimiento de que existiera ningún tipo de restricción legal (por eso no fue cursada ninguna petición previa al juez), no llevándose a efecto la última [la de Emilio], pues de su declaración ante V.S. el día 22 de marzo del presente año, se desprende que era procedente aplicarle el sistema de protección vigente en España, por lo cual fue formulada solicitud verbal ante V.S., quien consideró no pertinente la entrevista”>> (Op. cit. Lo entre paréntesis nuestro)
Es decir que, dada su condición de “testigo protegido”, cualquier decisión de entrevistar al recluso debía estar precedida por una formal petición expresa al juez. Lo que la Dirección de la Guardia Civil debe haber considerado insólito y un despropósito desde el punto de vista de la preceptiva investigación a los fines judiciales, es que el mismo juez entendiera impertinente la entrevista.
g) Retractación de “El Gitanillo”
Tras formular su primera y única declaración en el juicio a que fue sometido por el Ministerio Fiscal del Menor, en noviembre de 2004 el menor Gabriel Montoya Vidal (“El gitanillo”), fue condenado a seis años de internamiento en un centro para menores. Ese proceso decidió la suerte de Suárez Trashorras, porque el testimonio de este joven es la única “prueba de cargo” que hasta hoy pesa sobre él en el juicio que se le sigue por colaboración con banda terrorista.
Parece que la fiscal del Tribunal del Menor identificó algunas contradicciones en la declaración de “El gitanillo” —que sirvió al tribunal para emitir la correspondiente sentencia—, y el 16 de marzo de 2005 Gabriel Montoya Vidal fue llamado nuevamente a declarar, esta vez como testigo. Allí, sabiendo que no tenía nada que perder porque su condena era inmodificable, se desdijo de casi todo lo que anteriormente había testimoniado ante el Ministerio Fiscal del menor, coincidiendo, ahora, con la versión de Suárez Trashorras. En primer lugar, afirmó no haber sabido qué fue lo que realmente portó a Madrid y entregó a Jamal Ahmidan; dijo que él creyó haber transportado hachís malo por encargo de Suárez Trashorras y que fue un amigo suyo del barrio, Iván Granados —que se negó a hacer uno de esos viajes en autobuses de línea— quien le dijo que lo que en realidad había llevado eran explosivos. No tenía más evidencia que la palabra de Iván.
Negó también haber estado al mediodía del 26 de febrero de 2004 con Suárez Trashorras en la mina mientras éste robaba los explosivos para dejarlos escondidos en las inmediaciones (ya vimos que esto es imposible de probar porque ese día por la noche Suárez Trashorras y su mujer llegaban por avión desde Canarias donde habían pasado su luna de miel)[5] , así como que fue él quien había “acompañado a los marroquíes y a José Emilio hasta la mina la noche del 28 de febrero en busca de los explosivos, que había estado esperando escondido en el coche cuatro horas, y que cuando regresaban oyó a Suárez Trashorras decir a los marroquíes lo de las “puntas y los tornillos”.
Dicho esto, es necesario reiterar aquí que la única prueba de cargo contra Suárez Trashorras que el Juez Juan Del Olmo sigue sosteniendo como válida, es la primera declaración del menor Gabriel Montoya Vidal apodado “El Gitanillo”.
h) Las deliberadas omisiones de “Manolón” al descubierto
En cuanto a las sucesivas llamadas de Suárez Trashorras y su mujer al Inspector Manuel García Rodríguez —previas e inmediatamente posteriores a los atentados— este asunto saltó a la Comisión de Investigación Parlamentaria sobre el 11M el viernes 15 de octubre de 2004, a raíz de un informe del grupo de información de la Unidad Central Especial (UCE) de la Guardia civil (pág. 32 y 33), donde se hace mención a esas comunicaciones durante la interpelación que el diputado por el Partido Popular, Atencia Robledo, le hiciera al jefe superior de la Policía de Asturias, Enrique Carretero, según la siguiente secuencia:
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El diputado ATENCIA ROBLEDO: “¿Le parece a usted normal, al menos en cuanto a las llamadas que están localizadas en el informe que consta en los autos, que Carmen Toro llame el día 24 de febrero a Manuel García Rodríguez, que le haga una nueva llamada el 27 de febrero, nada más llegar del viaje de novios, incluso durante el viaje de novios, que el día 1 de marzo de 2004 José Emilio Suárez realice una llamada a Manuel García, que el día 2 de marzo Carmen Toro hable por teléfono con Manuel García y que al día siguiente del atentado, el 12 de marzo, Carmen Toro vuelva a llamar a Manuel García?”
El JEFE SUPERIOR DE POLICÍA DE ASTURIAS (Carretero Enrique): “Yo no voy a poner en duda eso, pero el hecho de que el teléfono de Carmen Toro, que será el que aparece, llame a Manuel Rodríguez no quiere decir que sea Carmen Toro la que llama; puede ser que Trashorras sea el que utilice el teléfono de Carmen Toro.”
El diputado ATENCIA ROBLEDO: “Bien, pero en cualquier caso...”
El JEFE SUPERIOR DE POLICÍA DE ASTURIAS (Carretero Enrique): “Ya le digo que no conozco exactamente las fechas, pero entiendo lógico y posible que Trashorras utilice el teléfono de su mujer para ponerse en contacto con...”
El diputado ATENCIA ROBLEDO: “¿Y de qué hablaban? ¿Ha pedido usted explicaciones a posteriori sobre de qué hablaban esos días? ¿O le parecen normales esas conversaciones en esas fechas, antes del atentado e incluso durante el viaje de novios?”
El JEFE SUPERIOR DE POLICÍA DE ASTURIAS (Carretero Enrique): “Después del atentado las investigaciones que puedan tener cualquier relación con esto las ha llevado la Brigada Central de Información. Yo he visto a Manolo un par de veces para darle ánimos, más que otra cosa. Creo que es un funcionario que ha trabajado muy bien en Avilés, era delicado y tenía su prestigio allí, pero le ha pasado esto. Qué más hubiese querido él que haber olido que esta gente andaba manejando dinamita. Además, pienso que él tiene cierta sensibilidad en eso.”
El diputado ATENCIA ROBLEDO: “Él ya tuvo oportunidad de manifestarlo aquí, pero ¿a usted le parece normal?”
El JEFE SUPERIOR DE POLICÍA DE ASTURIAS (Carretero Enrique): “¿Normal que haya un tráfico de llamadas?”
El diputado ATENCIA ROBLEDO: “¿A usted no le parece extraño que converse telefónicamente precisamente en esos momentos críticos? Creo que así lo califica el propio informe de la Guardia Civil que consta en el sumario. ¿Tiene alguna explicación el hecho de que cada vez que Suárez Trashorras conversa telefónicamente con el Chino, su mujer, Carmen Toro, según el teléfono, o él mismo a través de ese teléfono, incluso en su viaje de novios, telefoneara de inmediato al jefe de estupefacientes de Avilés, Manuel García? Todo eso figura en las páginas 32 y 33 del informe elaborado por el Grupo de información de la UCE 2 de la Guardia Civil.”
El JEFE SUPERIOR DE POLICÍA DE ASTURIAS (Carretero Enrique): “No puedo decirle si me parece extraño, lo que sí puedo decirle es que yo creo en la honestidad y profesionalidad de Manuel Rodríguez.”
El diputado ATENCIA ROBLEDO: “¿Y de qué cree usted que podrían hablar, justo un momento después de haber hablado el Chino con el propio Suárez Trashorras, lógicamente por las llamadas intervenidas?”
El JEFE SUPERIOR DE POLICÍA DE ASTURIAS (Carretero Enrique): “No lo sé. Eso podría explicarlo él. Estamos hablando de dos actividades que en este caso son paralelas; hay una parte, que es el tema de los explosivos, y otra parte, que es el tema de los estupefacientes, que es de lo que Trashorras es confidente de Manolo.”
El señor ATENCIA ROBLEDO: “A mí me llama la atención, ahora que hemos conocido las llamadas que figuran localizadas expresamente (hay algunos números de teléfono que no están localizados, pero que también hablan con el propio Manuel García Rodríguez), que en el informe que firma don Manuel García Rodríguez el 24 de abril de 2002 omita toda referencia a esos contactos. Se habla de contactos casuales, siempre porque se coincide en un bar o porque desde su casa había visto algo. Hablamos siempre de las fechas previas a los atentados y hay una omisión absoluta de estos contactos telefónicos que están acreditados en las actuaciones. ¿No le parece a usted extraño?”
El JEFE SUPERIOR DE POLICÍA DE ASTURIAS (Carretero Enrique): “Que yo le diga que me parezca extraño no deja de ser una opinión, que creo que no va más allá de una opinión personal.”
El diputado ATENCIA ROBLEDO: “Con anterioridad a los atentados ¿tenía usted alguna sospecha de que se podría estar preparando algo gordo con explosivos en Asturias?”
El JEFE SUPERIOR DE POLICÍA DE ASTURIAS (Carretero Enrique): “¡Qué más hubiésemos querido nosotros! Cualquier policía se hubiera sentido satisfecho de haber olido algo y haber podido detenerlos y evitar esa masacre.”
El diputado ATENCIA ROBLEDO: “En cualquier caso coincidirá usted conmigo que hay muchas cosas extrañas. ¿Usted conoce personalmente al señor Suárez Trashorras? Lo conoce de referencias ¿no?”
El JEFE SUPERIOR DE POLICÍA DE ASTURIAS (Carretero Enrique): “No le conozco personalmente, le conozco... Creo que España entera le conoce.”
El diputado ATENCIA ROBLEDO: “Efectivamente, pero usted tiene mayor capacidad por haber hablado con personas que dependen de usted y que han tenido una relación con él. ¿Cómo es posible que siendo como es este señor un confidente de la policía no se supiera su implicación en los atentados? ¿Cómo es posible que no llame la atención un traslado tan grande de explosivos? ¿Cómo es posible que Antonio Toro esté en libertad y no Trashorras cuando, por una parte, Zouhrier señala a Toro como cabeza del grupo de los que están allí en Asturias (no les voy a llamar asturianos porque eso tiene un sentido peyorativo que nunca querré introducir) y además están los propios antecedentes y las propias condiciones de liderazgo de Toro? ¿Qué sentido tiene que unos confidentes entreguen la dinamita que se va a utilizar en unos atentados?” (El destacado en negrita es nuestro)
El JEFE SUPERIOR DE POLICÍA DE ASTURIAS (Carretero Enrique): “Yo creo que eso no se lo creía nadie. Es algo que ha sorprendido al mundo entero; que unos delincuentes, traficantes de estupefacientes, unos moros como se les dice, que en parte son delincuentes, hayan podido hacer lo que han hecho... Yo, que tengo cierta experiencia en estos temas, no conozco ningún caso en el que la organización ETA haya conectado para proveerse de armas y de explosivos con delincuentes comunes. ¿Por qué? Porque eso entraña un gran riesgo. La desgracia es que este confidente no haya insinuado algo al funcionario que tenía contacto con él.”
El diputado ATENCIA ROBLEDO: “No quiero pensar que usted piense, o que yo mismo pudiera pensar, que estemos ante una conspiración, ¿no?” (El destacadlo en negrita es nuestro)
El JEFE SUPERIOR DE POLICÍA DE ASTURIAS (Carretero Enrique): “No, por Dios.” (Comisión Parlamentaria de Investigación sobre el 11M del 15/10/04)
¡Por Dios y la Virgen!, porque no hay que olvidar que si la Virgen no quiere las cosas no se hacen. Pero, ¿quién fue la Virgen en toda esta historia, es decir, la madre del cordero “que quita todos los pecados del mundo”? Tanto Atencia Robledo como Enrique Carretero lo sabían, saben de lo que estaban hablando y comparten la misma sangrienta verdad; pero en ese diálogo la soslayaron negándola irónicamente porque no pueden mirarle a los ojos sin matar la gallina de los huevos de oro; y es que no pueden hacerlo sin reconocerse y al mismo tiempo mostrarse como hijos predilectos de la misma madre que parió al cordero sacrificado el 11M: la “democracia”.
Finalmente, en su edición del lunes 4 de setiembre de 2006, “El Mundo” publicó unas declaraciones de Suárez Trashorras, donde se enfrenta con esa verdad sangrienta desde el otro lado, y tras reiterar que la policía prometió dejarle libre de cargos e incluirle a él y a su familia en el programa de protección de testigos, agrega que, a cambio de declarar ante el juez lo que le indicaran, también le ofrecieron dinero y una vivienda. Insiste en que se infiltró en la banda de Jamal Ahmidan “por indicación de la policía de Avilés”, y que “informó de cada detalle de su relación con los marroquíes proporcionando “todos los datos para que pudieran ser detenidos”; que “no hay explicación alguna para que las policías de Avilés y de Oviedo no quisieran detener a Jamal Ahmidan cuando disponían de todos los datos de sus operaciones de narcotráfico”:
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Tampoco hay explicación alguna para que no lo detuvieran en Madrid, después de los atentados, y mucho antes de que se suicidara. El día 17 de marzo e incluso antes, cuando yo aun no estaba detenido, me ofrecí a montar un operativo para localizar a Jamal Ahmidan y detenerlo. No se quiso hacer. Me decían que estaba todo controlado. Dejaron que llegara al piso de Leganés y que todos ellos cometieran el suicidio colectivo.
¿Por qué no querían capturar vivo a Jamal Ahmidan? ¿Tiene algún sentido que llevara meses denunciando las actividades ilícitas de Jamal, que yo supiera que los tenían totalmente controlados y que en esas circunstancias les proporcionara explosivos? No hay nadie que pueda creérselo. Todos los implicados estaban bajo seguimientos personales y telefónicos del CNI (Centro Nacional de Inteligencia), la UDyCO (Unidad de Droga y Crimen Organizado), la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil), la Policía Nacional de Oviedo y Avilés, además de la Guardia Civil de Gijón y de Oviedo. Y ahora nos quieren responsabilizar a los confidentes de su negligencia, incompetencia o complicidad. (…) El confidente no es más que un colaborador ciudadano. La obligación de perseguir los delitos es de los funcionarios policiales.
No olvidemos que determinados mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad son de la misma ideología del PSOE, que es el gran beneficiado de los atentados del 11M. Tampoco olvidemos que algún que otro mando policial ha estado involucrado en la trama de los GAL. Por ejemplo, el coronel Hernando, jefe de la UCO
(…) El PSOE y sus aliados políticos han hecho que se cerrara la Comisión del 11M del Congreso en falso. No quieren saber lo que ocurrió porque les puede salpicar, igual que ocurrió con los GAL. Por eso no quisieron que los confidentes fuésemos a la Comisión, pues temían que contáramos estas cosas y que se supiera toda la verdad.>> (Entrevista de Fernando Múgica a José Emilio Suárez Trashorras en “El Mundo”: 04/09/06 Pp. 10-12)
Admitir que estas declaraciones han salido de la cabeza de Suárez Trashorras es un insulto a la inteligencia política más elemental. Se prestó a declarar todo esto por la misma motivación que se prestó a declarar ante el Juez Juan del Olmo el 22 de marzo de 2004 según el libreto que le dictaron los policías de la Unidad Central de Información Exterior (UCIE). No por conciencia política libre sino por conveniencia personal o espíritu mercenario, es decir a cambio de algo. Él mismo lo dijo en el curso de este mismo reportaje tras explicar el contenido y la forma de la relación entre policías y confidentes:
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En esta entrevista concedida al colaborador de “El Mundo”, no es precisamente información lo que Suárez Trashorras ha vendido a Pedro J. Ramírez. Menos aun capacidad de análisis político, porque a ese precio se vende el periodista que le ha hecho el reportaje. Lo que Suárez Trashorras ha vendido, al aparecer, diciendo además de su verdad de trasfondo verdadero algunas cosas que ahora le ha propuesto que diga el equipo editorial de ese periódico, es su condición de testigo incómodo y, en perspectiva, extremadamente peligroso para la estabilidad de los intereses particulares que representan los “socialistas” en el gobierno del Estado. Porque como si lo que resumimos aquí todavía fuera poco, le han aprovechado al máximo para que figure diciendo sentirse
<<…víctima de un golpe de Estado que se ha tratado de encubrir detrás de las responsabilidades de un grupo de musulmanes y de los confidentes cuando estaba todo perfectamente controlado por los Cuerpos de Seguridad. Existen complicidades que el juez no está dispuesto a descubrir. Si no, deberían estar detenidos o imputados agentes de varios cuerpos de seguridad.>> (Op. cit.)
O sea, que para Fernando Múgica y el equipo editorial de “El Mundo”, Suárez Trashorras es un chivo expiatorio del gobierno, lo cual estimamos que es tan cierto como que las elecciones del 14M vinieron a convalidar “democráticamente” un golpe de Estado encubierto, es decir, una operación política que incluyó un acto terrorista de proporciones monstruosas, como medio solapado para operar un cambio drástico en la política exterior y territorial de España.
Pero, ¿qué cabría pensar en el supuesto —altamente improbable— de que, en vez de los confidentes policiales hubieran ido presos los mandos policiales directamente implicados, y detrás de ellos los máximos responsables del actual Poder Ejecutivo? Para la oposición al actual gobierno no cabe duda que sería éste todo un paradigma de justicia penal nacional y de reparación “democrática”. Una justicia basada en el castigo al culpable dejando intactas las condiciones económicas, sociales e institucionales que posibilitan el delito y el fraude continuado a las aspiraciones de los explotados, aunque todavía se las callen. ¿Otra vez necesitamos volver al molesto Aristóteles distinguiendo entre la causa eficiente y la causa formal de cualquier acto, entre el individuo o grupo de individuos que delinquen y la estructura de relaciones sociales e institucionales que determinan su posibilidad de existencia?
Desde este punto de vista, el de la verdad científica, las causas eficiente y final de todo delito, están inextricablemente comprendidas en —y determinadas por— la causa formal o esencia, en nuestro caso de la organización económica, social, política e institucional de la vida humana bajo el capitalismo. Por tanto, en sentido estricto, los delincuentes comunes vienen a ser verdaderos chivos expiatorios de la sociedad civil, y los delincuentes políticos verdaderos chivos expiatorios del Estado.
Sólo en una sociedad de clases, donde el derecho está presidido por la concepción bíblica judeo-cristiana de la naturaleza humana —que el famoso criminalista Lombroso ha hecho suya, en cuanto a considerar que todo individuo es intrínsecamente malvado, “un degenerado y un asesino en potencia”— puede el concepto de “chivo expiatorio” escamotear la causa formal apuntando a la causa eficiente del delito encarnada en el “mensajero” que carga con las culpas de otros, para dejar impune al sistema de vida y al Estado que representa, beneficia y defiende los intereses de las clases dominantes.
Tal es la línea ideológica que preside el pensamiento y la acción de grandes propietarios mediáticos y periodistas venales, como Pedro J. Ramírez y Fernando Múgica, para quienes el objeto de la justicia siempre es el individuo. Así, el concepto reivindicativo de “chivo expiatorio” nunca pasa de hacer referencia condenatoria a los “verdaderos culpables”, como medio jurídico de debilitar políticamente al adversario burgués para rentabilizar determinados intereses económicos en el plano electoral y, de paso, reforzar el sistema social, jurídico y político de vida en la conciencia de los explotados. Por eso le hacen decir a Suárez Trashorras que es un “chivo expiatorio” del actual gobierno dejando intangible al Estado. Por tanto, centrar la referencia dialéctica reivindicativa del “chivo expiatorio” en su verdadero contrario —el sistema de vida capitalista y su Estado— para ellos es “políticamente incorrecto”. Pero no se atreven siquiera a mencionar polémicamente por qué es políticamente incorrecto.
Esto demuestra que la causa eficiente y final (motivación y propósito) de todo acto jurídicamente penalizable, es perfectamente funcional en todo, al sistema, da igual sobre quién o quiénes recaiga “el peso de la ley”. Pero no da igual para las partes en conflicto de esa totalidad burguesa, en este caso, el bloque de poder coyuntural presidido por el PSOE y su contrario hoy en la oposición comandado por el Partido Popular. Porque del resultado de esa dialéctica de andar por casa entre las distintas fracciones políticas de esa totalidad social burguesa, depende qué parte de ella asume el gobierno del Estado en beneficio propio. Y en tanto que en esa dialéctica se consigue comprometer a una mayoría de explotados —que así se dividen y debilitan enfrentándose en aras de intereses que no son los suyos propios— también sale reafirmado y reforzado el sistema. Por eso es importante lo que el grupo mediático de Pedro J. Ramírez ha negociado con Suárez Trashorras; para que aparezca como un sujeto político ideal, al estilo de cualquier voluntario “ad honorem” en una ONG, que antepone su ideología particular a sus negocios ilegales, alejado del perfil que define a los delincuentes habituales, normalmente ajenos y marginados de la vida política. Pero un voluntario que, además, se reclama simpatizante del PP y de la cruzada de Bush en Irak contra el terrorismo islamista:
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Suárez Trashorras dice que votó al Partido Popular desde que fue mayor de edad, pero en ese caso no tuvo empacho en dejar de lado las diferencias ideológicas partidarias a la hora de colaborar prolongada y estrechamente con un agente político del PSOE al interior del aparato policial del Estado, como —según denunció él mismo— es el caso de su “controlador”, Manolón, y los más altos cargos de la Policía Nacional en Asturias.
A los fines políticos del bloque histórico de poder coyuntural en que gentes como Pedro J. Ramírez, Fernando Múgica y tutti cuanti se hallan comprometidos, había que transformar a un consumado delincuente común en un ciudadano ejemplar para conferir credibilidad a sus palabras. Por eso en la portada de la edición de marras que anuncia sus declaraciones como primicia exclusiva, lo presentaron en honorable y atractivo gesto vistiendo traje oscuro y corbata. Como si los delincuentes habituales nunca pudieran decir la verdad, entre otras cosas porque son unos desmelenados y desarrapados; creencia que todas las policías del mundo contribuyen deliberadamente a reforzar con el desaliño facial e indumentario en que los presentan a los medios cuando les detienen. De ahí que la legión de periodistas afines al PSOE —desde el periódico “El País” y la “Cadena Ser”—, se hayan apresurado a desacreditar las declaraciones del preso por el hecho de estar acusado de terrorista, además de ser un “perturbado” mental “incapaz de tener un pensamiento organizado” y un traficante de drogas confeso “que vende información por dinero”. Como si a todos estos mercenarios no fuera el capital del “Grupo Editorial Prisa” quien les organiza el pensamiento, como si ellos fueran capaces de no vender información por dinero. No son capaces del mismo modo que para un mudo es imposible probar que puede callar.
Desde los tiempos en que Luis Bonaparte debió apelar al lumpenproletariado de Paris para combatir a los obreros, el asociacionismo informal objetivo entre delincuentes comunes, policías y jueces para reprimir el delito y al mismo tiempo estimularlo, es la prueba más elocuente del abismo que cada vez separa más y más al pueblo trabajador de sus gobernantes burgueses; una realidad actual tan decadente y dislocada, como que policías, jueces y demás altos burócratas del Estado delinquen habitualmente, los delincuentes comunes son oportunamente transformados en agentes políticos, y la opinión pública mayoritaria que hace a las decisiones “democráticas” de mayor importancia, parece estar cada vez más condicionada por el periodismo venal y políticos profesionales que conspiran unos contra otros y todos a la vez contra los ciudadanos de a pie, en un ambiente donde el terror de Estado y las catástrofes ecológicas inducidas, se tornan cada vez más recurrentes. Pero según la crisis económica global del capitalismo agudiza las contradicciones entre fracciones de la burguesía en la superestructura del sistema, la naturaleza social de crímenes políticos encubiertos, como el 11S, el 11M o el 7J, el “Katrina” o los recientes incendios forestales en Galicia, es inevitable que se vaya desvelando con inusitada rapidez a los ojos de las bases electorales de una “democracia” que, como sucede con los peces, ha empezado desde hace ya mucho a pudrirse por la cabeza.
[1] En ese momento de su comparecencia en la Comisión de Investigación del Congreso de los diputados, “Manolón” estaba siendo interpelado por el representante de “Convergencia I Unió” (CIU), quien aludiendo a una noticia periodística le preguntó si el mismo 11 de marzo, tras los atentados, había él mantenido una conversación telefónica con Carmen Toro Castro, en la cual ella le dijo que los autores de los atentados habían sido los amigos de su marido, a lo que el policía empezó contestando con un lacónico “no creo”, para acabar afirmando que ese día no habló por teléfono pero que sí recuerda haberse encontrado con ella el día 13. Y aquí el diálogo con el señor Jané I Guasch se prolongó por unos segundos como sigue: “El INSPECTOR JEFE DE ESTUPEFACIENTES DE AVILÉS (García Rodríguez): “Con seguridad. El día 13 hablé con ella personalmente”. El señor JANÈ I GUASCH: “El día 13.” El INSPECTOR JEFE DE ESTUPEFACIENTES DE AVILÉS (García Rodríguez): “El 13, que es el día antes de las elecciones. Se acerca Emilio, como creo que declaré ante el juez, y me comenta... Iban los dos juntos, no sé si hablé con ella o no, sé que hablé con él, pero no recuerdo si hablé con ella también.” (Esos puntos suspensivos que la estenógrafa dejó registrados sobre el texto del diario de sesiones denotan silencio, un silencio muy sugestivo que omite deliberadamente decir lo que Emilio seguramente le comentó en esos precisos instantes.) Pero, sorprendentemente, en vez de pedirle a Manuel García que rompa ese silencio y declare qué le comentó José Emilio en ese momento, el señor Jané I Guash “echó ese balón fuera” muy oportunamente, para pasar a preguntarle si le había parecido que Carmen estaba asustada. Como si esta parte de la comparecencia la hubieran ensayado mal: ver páginas 72 a 74 en el Diario de Sesiones del 27/07/04.
[2] Según datos del sumario filtrados a “El Mundo”, en el careo posterior mantenido por el ex minero con el inspector jefe de estupefacientes de Avilés, Manuel García Rodríguez, José Emilio Suárez Trashorras aseguró que un policía le había dicho que no hablase de explosivos al juez tras su detención en el curso de la “operación Pípol”, en julio de 2001. En este operativo, como hemos dicho la Policía se incautó de 16 cartuchos de goma 2-ECO y 96 detonadores —así como tres kilos de cocaína y 84 de hachís— en un garaje de la avilesina calle Eloy Fernández Caravera, que estaba alquilado por el propio ex minero, Antonio Toro y José Ignacio Fernández, “Nayo”. Como surge de lo declarado por el jefe de la comandancia de la Guardia civil en Asturias, Juan Aldea a la Comisión de Investigación del Congreso (Ver: sesión del 15/10/04 Pp. 7), los agentes que actuaron en aquella operación no comunicaron el hallazgo de la dinamita a la Guardia Civil, que era el cuerpo que tenía competencias en el control de armas explosivos. Y tampoco registraron el piso de Antonio Toro, pese a que tenían autorización para hacerlo por parte del juez instructor. Cfr.:http://www.lne.es/secciones/noticia.jsp?pNumEjemplar=765&pIdSeccion=42&pIdNoticia=241658
[3] Es muy probable que este local sirviera a los dos cuñados de tapadera para la compra venta fraudulenta de automóviles lujosos a través de José Ignacio Fernández Díaz, alias “El Nayo”. Esto explica lo que Villazón Lavandera declaró a El Mundo” en su edición del 10 de setiembre de 2006, donde dice que Suárez Trashorras le ofreció cambiar su anticuado coche por uno de alta gama a un precio relativamente irrisorio.
[4] Como ya hemos adelantado en otro sitio, Félix Hernando fue un hombre de confianza de Rafael Vera, Secretario de Estado para la Seguridad durante el gobierno del PSOE en la etapa de los GAL
[5] Hicieron escala en Madrid y tomaron el avión a Oviedo a las 17.40 horas, de modo que cuando llegaron a Asturias, en pleno invierno, ya era de noche.
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